Macri impone por decreto la extinción de dominio

Martes, 22 de Enero de 2019

  • 15480954178501

Luego de sus extensas vacaciones el Presidente argentino ignorando al Poder legislativo anunció desde la Casa Rosada en una breve alocución que dictará un decreto de necesidad y urgencia para darle vigencia a "la extinción de dominio", proyecto de su espacio político para quitarle bienes a imputados por delitos a través de la acción judicial civil sin necesidad de condena penal y de manera retroactiva a 15 años.

"Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente, los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años y los argentinos ya esperamos demasiado. La Justicia necesita este mecanismo ya mismo", dijo Macri justificando su imposición .Estuvo acompañado por los ministros de Justicia y su par de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, respectivamente.

Según el mandatario, "las mafias de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción se llevaron plata de los argentinos", por eso aseguró: "La necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, obras y rutas más seguras. Tenemos que terminar con esto".

"No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerla por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga", advirtió.

Luego en la conferencia de prensa la ministra Bullrich alertó que la extinción de dominio se puede aplicar de manera retroactiva porque “15 años es la prescripción” del delito. “Todo aquel que ha sido narcotraficante y participó de un proceso penal, y está en la cárcel, cuando salga, no va a tener más sus bienes”, sostuvo.

En las disctaduras del 55 y del 76 se confiscaron bienes sin condena previa y, años después, el Estado tuvo que pagar una multimillonaria suma en indemnizaciones.

El genocida Jorge Rafael Videla creó en 1977, por decreto, la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA)para juzgar la conducta de ex funcionarios y empresarios vinculados al segundo gobierno peronista (1973—1976) por supuesto enriquecimiento ilícito.

La CONAREPA investigó a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión. Años después, ya en democracia, esto derivó en que el Estado deba pagar más de $200 millones en indemnizaciones.

En esta versión "democrática" que impone Macri,  el Estado creará una "fiscalía especial" que le pedirá a la justicia civil que incaute y ejecute los bienes de personas investigadas por presunta corrupción.