Los sueldazos de la militancia PRO en la TV Pública

Miércoles, 11 de Julio de 2018

  • 4ef6714aa947d94788caa42595f8802dxl1

Según reveló el programa ADN, existen alrededor de 70 militantes rentados en la TV Pública que dependen directamente de Hernán Lombardi y cuyo verdadero rol es hacer proselitismo para Cambiemos.

El titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, está convocado nuevamente -hoy miércoles- a brindar explicaciones a la Cámara de Diputados, a las 18:30.Será ante la comisión de Legislación del Trabajo. Cabe recordar que la semana pasada Lombardi burló la cita.

Se trata de los “militantes PRO”, que cobran sueldos exorbitantes que alcanzan los $ 200 mil mensuales, y que dejan diminutos a los salarios -que rondan en promedio los 30 mil pesos-, de los 357 despedidos de Télam por el titular del Sistema de Medios Públicos.

Existen alrededor de 70 militantes rentados en la TV Pública que dependen directamente de Hernán Lombardi y cuyo verdadero rol es hacer proselitismo para Cambiemos,

Tal es el caso de Maria Carla Piccolomini, esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que fue designada como Directora de Relaciones Institucionales de RTA, y cuyo sueldo asciende a $ 195 mil.

También se lleva esa abultada suma el Director de Finanzas, Administración, Relaciones Comerciales y RRHH de Radio y Televisión Argentina, Sergio Pelinski, un timbreador que sale con Lombardi para hacer propaganda macrista.

Otro caso que quedó al desnudo fue el de Marisa Sonia Piñeiro, Directora de Recursos Humanos de RTA, con un sueldo de $ 171 mil. Se trata de otra militante que hace campaña en las redes sociales, tal como se exhibe en el video.

Pedro Ramón Aparicio, Gerente de Relaciones Institucionales y Prensa de canal 7, un “influencer” puesto por Lombardi para hacer militancia PRO, tiene un salado sueldo de casi $ 170 mil.

Los casos se multiplican en decenas y son una muestra más que los despidos perpetrados en la Agencia de Noticias Télam no tienen ninguna razón de ser, más que una persecución ideológica que busca cercenar el derecho a informar y ser informado, en un momento crítico para la economía argentina y en medio de un debilitamiento brutal del gobierno de Mauricio Macri.