Cristina pidió anular la entrega de los fondos de los jubilados a FMI

Domingo, 1 de Julio de 2018

  • bj8x5ekaf930x52511

En un proyecto de ley presentado el viernes, la ex presidenta advirtió que la expresión “incautados en 2008”, que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para definir a los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP “es una afirmación falsa” y “merece ser suprimida de manera urgente ante las posibles consecuencias gravosas que la misma puede acarrear para nuestro país”.

Según la Real Academia Española, el término “incautar” tiene dos acepciones: “privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa”, y el más directo “apoderarse ilegítimamente de algo”.

“Es por ello que, las palabras utilizadas por los funcionarios de este gobierno, que esperamos constituyan un lamentable error, no pueden pasar inadvertidas”, afirma el texto presentado.

En este sentido, el proyecto firmado por Cristina explica que “la Ley N° 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas administradoras.

“La situación no merece mayor análisis”, considera, y afirma que “sostener ahora, que esa medida adoptada por este Congreso Nacional, pudo haber sido una ‘incautación’ de bienes propios de las AFJP, decretada por el Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo argentino”.

En este sentido, agrega como ejemplo la demanda que existe contra nuestro país en CIADI por parte de la empresa estadounidense Metlife, que sostiene precisamente el término que los funcionarios incorporaron en la carta de intención cuestionada.

Y concluye afirmando que “si a ello le sumamos que el actual titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran corresponder”.