Abortar en caso de abuso o peligro para la salud es legal.

Jueves, 28 de Febrero de 2019

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La nena de 11 años había sido violada meses atrás por la pareja de su abuela, quien se encuentra detenido. La abogada de la familia denunció que se demoró la interrupción del embarazo a pesar del pedido expreso. El estado volvió a victimizar a la menor.

A un mes de la polémica cesárea que se le practicó en Jujuy a una niña de 12 años que había sido ultrajada, una caso similar se presentó en Tucumán y concluyó con la misma operación quirúrgica.
El martes 26 por la noche una nena de 11 años que pesa apenas 40 kg, que quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela, fue sometida a una cesárea en el Hospital del Este Eva Perón de la localidad de Banda del Río Salí, donde permanece internada fuera de peligro.
La criatura nacida pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología, con pocas posibilidades de sobrevida, de acuerdo con fuentes médicas.
El embarazo, cuya interrupción depende del Siprosa(sistema provincial de salud), fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. La niña había acudido al establecimiento por un dolor de panza, después de tener conductas suicidas por la dramática situación que atravesaba. Ante la constatación del estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, que por estos hechos enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter.
La niña no vivía con su madre, puesto que el concubino de ésta había abusado de sus dos hermanas mayores (fuentes judiciales informaron que el autor de esos delitos fue condenado y está preso). El 25 de febrero, la víctima y su progenitora peticionaron finalmente la interrupción legal del embarazo.
La abogada Florencia Vallino, que representa a la familia de la niña, denunció "dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo”. Agregó que solo después de ejercer presión se logró que le hicieran la cesárea aunque esa no fue la práctica solicitada por la niña y su madre.
De hecho la nena había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Así lo pidió.
Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo médico del Siprosa, se limitó a comunicar a la Justicia que iba a activar el procedimiento y que había formado una junta médica. El funcionario no atendió las consultas y el Gobierno tampoco emitió un parte para precisar qué pasos seguiría respecto de este caso con repercusión nacional.
Finalmente, se confirmó que se aplicará la práctica prevista en el fallo “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación. En esas circunstancias, el procedimiento no es punible -no genera responsabilidad penal- tanto para la mujer que lo requiere como para los profesionales que lo practican.
Según la sentencia “FAL”, los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos y han de practicarlos pidiendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
El Siprosa fue postergando la decisión de la interrupción del embarazo hasta que fue intimado el lunes por la jueza de Familia, Valeria Brand, a proteger los derechos de la niña, que estaban siendo vulnerados. La provincia tuvo que convocar a última hora del martes a dos tocoginecólogos del sector privado para poder garantizar la práctica porque todos los profesionales de la salud del Hospital "Eva Perón", ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán, se declararon objetores de conciencia, tal como reconoció su directora, Elizabeth Ávila, en una conferencia de prensa que brindaron ayer por la tarde la plana mayor de Salud de la provincia, con la ministra Rossana Chahla y el secretario Gustavo Vigliocco, a la cabeza. Los tres funcionarios forman parte del armado antiderechos que prolongó la tortura sobre el cuerpo de la chica. "El hospital tiene médicos ginecólogos y obstetras objetores de conciencia. Los que no son objetores dijeron nosotros no podemos llevar a cabo (la intervención). Como en tantas cosas, tercerizamos, como en estudios complementarios", dijo Ávila.
"Lo que hicieron con esta nena equivale a tortura, además de otras violaciones a sus derechos como paciente y como niña. No solo no fue escuchada, sino que recibió tratamientos contra su voluntad como inyectables con corticoides para madurar el feto que ella quería expulsar", denunció la abogada Susana Chiarotti, integrante de Cladem y autora del informe sobre maternidad infantil forzada "Jugar o parir". Hubo organizaciones que se presentaron en la Justicia para exigir que se respeten los derechos de la niña, denunciaron la sucesión de violaciones de derechos a los que fue sometida y su embarazó fue detectado por el mismo sistema de salud provincial alrededor de un mes atrás. "En Tucumán no se cumple el protocolo de ILE", señaló la abogada Vallino.
Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades sanitarias de la provincia alegaron que la madre recién había firmado el lunes el consentimiento informado para la ILE, lo que contradice lo dicho por la madre. Vallino también desmintió que el servicio de Salud Mental haya acompañado a la niña durante toda su internación, como afirmaron en la conferencia los funcionarios provinciales.
El martes, a última hora el Ministerio de Salud de Tucumán difundió un comunicado de prensa que dejó en evidencia que estaba haciendo todo lo posible para someter a la chiquita a una maternidad forzada. En el texto, el gobierno que encabeza el peronista y ex ministro de Salud durante el gobierno de CFK, Juan Manzur, informó que el Siprosa había notificado a la directora del Hospital "Eva Perón" que "en función de lo peticionado por la niña y la progenitora" y de acuerdo a un oficio de la jueza civil de Familia de la 5ª Nominación y conforme con lo dispuesto por el fallo FAL de la Corte Suprema "se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas". O sea: se buscó que fuera madre. No se respetó su derecho a un aborto ni su voluntad expresada con la frase,dicha en cámara gesell "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".
Ayer, la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Tucumán salió a aclarar que en ningún momento la jueza Brand ordenó procurar "salvar las dos vidas" porque la aplicación del fallo FAL de la Corte Suprema "no tiene esa finalidad".
El gobierno de Tucumán convocó el mismo martes a la médica Cecilia Ousset, que es católica practicante y está a favor de la despenalización del aborto, pero también, aclaró, es objetora de conciencia y entonces sugirió que su esposo, tocoginecólogo como ella, José Gijena, podía encargarse de la intervención. Ambos ejercen en el sector privado. En un crudo relato de los sucesos , destacó que se eligió la cesárea "no porque se quisieran vulnerar sus derechos" sino "porque no fue posible la vía vaginal porque no se le podía ni sacar la bombacha por los abusos que había sufrido" y "tuvimos que dormirla". Osset actuó como instrumentadora quirúrgica, luego de la declaración de la objeción de conciencia de todo el personal. "Fue abusada por la pareja de su abuela, y doblemente abusada por el sistema de salud", denunció. También destacó que la nena "no tenía ni cuerpo desarrollado para gestar", que tenía 17/12 de presión cuando la atendieron y que si no la operaban anoche "esta nena se moría". Al salir del Hospital, Gijena y Ousset fueron interceptados por un funcionario judicial que le tomó los datos y posiblemente enfrenten un intento de los sectores judiciales antiderechos para criminalizarlos como sucedió el año pasado con otra médica que cumplió con un aborto legal también en Tucumán.
Privando a la niña violada de sus derechos , en Tucumán hubo un accionar político arcaico y perverso desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público. Abortar en caso de abuso o peligro para la salud es una opción legal. Y el Estado debe asegurar la práctica.